Los funcionarios exigen a Sánchez planes de pensiones privados en pleno recorte de sus incentivos fiscales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, acaba de solicitar al Gobierno que reactive los planes de pensiones que contempla la normativa para el conjunto de los empleados públicos. La petición cuenta con el respaldo legal del Real Decreto aprobado en 2002, pero se encuentra con un problema: que Sánchez ha decidido atacar esta figura para todo el resto de ciudadanos y pretende reducir su desgravación a sólo 1.500 euros.

Cuando Sánchez llegó al poder, la desgravación de los planes de pensiones privados llegaba a los 8.000 euros por año y contribuyente. Bajo esa deducción hasta los 2.000 euros en un primer golpe. Y ahora pretende reducir aún más los incentivos fiscales hasta dejarlos en sólo 1.500 euros.
Justo en ese momento se encuentra con una reclamación de los funcionarios que cuenta con respaldo legal.

La Disposición final primera del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, establece que las administraciones públicas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones. Esta regulación fue completada en 2004 (RD 304/2004 de 20 de febrero) con un reglamento, tomando como referencia la experiencia en el ámbito de la Unión Europea.

Aportaciones de las administraciones públicas

Desde entonces, la mayoría de las administraciones públicas han realizado aportaciones al plan de pensiones hasta 2011 cuando, con motivo de la crisis, se acordó la suspensión de dichas aportaciones. Los planes de pensiones volvieron a habilitarse en 2018, si bien hasta el momento no se han vuelto a realizar aportaciones.

Se da la circunstancia de que el Pacto de Toledo incluye entre sus recomendaciones la necesidad de impulsar estos planes de pensiones, sustentados en el marco de negociación colectiva. Además, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia también incluye los sistemas complementarios de pensiones en el marco de las inversiones y reformas. Eso sí, lo hace mientras el presidente no deja de bombardear sus incentivos fiscales.

Por todo ello, CSIF ha solicitado a la Secretaría de Estado de Función Pública que dé las instrucciones oportunas para que las administraciones procedan de nuevo a efectuar las aportaciones correspondientes a los distintos planes de pensiones, con efectos retroactivos. Toda una batalla que coge al Gobierno con déficits disparados y unos Presupuestos en los que gasto brilla por todas partes.

De hecho, CSIF ha reclamado también una actualización de los sueldos de los funcionarios con la inflación real -en estos momentos en el 4%- y no al 2% como ha anunciado el Gobierno. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha manifestado, así, su rechazo a la propuesta de subida salarial presentada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la Mesa General de las Administraciones Públicas y que está recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022.

CSIF reclama al Gobierno que repare las retribuciones económicas a los empleados públicos ante la constante evolución al alza de los precios. Hay que tener en cuenta que este año ya se ha producido una desviación importante sobre la subida del 0,9% que se marcó para 2021, que agravará la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010. Según un estudio de CSIF, desde los recortes de 2010, cuando se decretó una bajada del sueldo, los trabajadores de las administraciones arrastran una pérdida del 10 por ciento. Esto supone el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de la categoría.

Por todo ello, CSIF exige un acuerdo para el resto de legislatura, que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010; una habilitación de fondos para acabar con las desigualdades retributivas entre territorios; la adecuación de los complementos de residencia e insularidad (proceden del año 2002); una dotación económica específica para la reforma de la Ley de Cuerpos Penitenciaria; y la regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de empleados públicos, minorando los coeficientes reductores que se proponen implantar en el Proyecto de Ley de reforma de Pensiones, que en algunos casos suponen una pérdida en la cuantía de la pensión de hasta 7.959,28 euros anuales.